A nivel de comercio internacional, México ocupa un lugar privilegiado gracias a su estratégica ubicación geográfica. Contamos con 11,000 kilómetros de costa, 102 puertos y 15 terminales secas, además de 49 aduanas en fronteras, puertos y zonas interiores.
Diariamente se moviliza una gran cantidad de mercancías y personas en todas las aduanas, algunas tienen mayor relevancia por el volumen de movimientos que operan diariamente, pero esto también les genera un alto nivel de inseguridad y vulnerabilidad.
El reciente anuncio del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre implementar una estrategia para incrementar la seguridad y reducir el tráfico ilegal de mercancías por las aduanas portuarias mexicanas, nos revela un secreto a voces, pero no nos deja clara la justificación del suspicaz plan.
La participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) en las operaciones portuarias y aduaneras, no representa una solución a corto plazo para eliminar las operaciones ilegales o incrementar la seguridad nacional.
¿Cuál es el panorama que se avecina?
Ambas Secretarías tendrán entonces más facultades y podrán actuar como autoridad legal en los puertos, recintos e instalaciones portuarias, panorama que se vislumbra complejo, porque habrá más dependencias involucradas en el mismo proceso de comercio internacional de mercancías y, por lo tanto, las importaciones y exportaciones implicarán más tiempo operativo.
El grado de interés en realizar estos cambios en el menor tiempo posible es tal, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya inició la organización de la nueva estructura de las Administraciones Portuarias Integrales (API), y ya se seleccionaron más de 2 mil elementos en SEDENA y SEMAR para ubicarlos en diferentes puntos de los puertos y aduanas portuarias.
A situaciones drásticas, medidas desesperadas
El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en las aduanas es un tema crítico y en exponencial crecimiento.
Nuestro país representa un nicho ideal para estas operaciones, dado el sistema político y económico que tenemos. El pasado mes de Octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó un convenio con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales (CAAAREM) que incluye ambos temas en pro de la seguridad en las aduanas.
Conclusión
Concordamos con que las malas prácticas en las aduanas dañan gravemente la economía, pero también sabemos que los cambios radicales llevan su tiempo e implican un precio.
No obstante, confiamos que esta histórica decisión nos sorprenda con el logro paulatino de un sistema aduanero eficiente, ágil, de vanguardia y al nivel que exige la comunidad internacional, y no encaminado a la militarización como se supone y entiende hasta ahora.
